large-5Mientras importantes ciudades europeas tienden a establecer unas regulaciones laxas para alquilar viviendas de uso turístico, en Madrid y Barcelona se impone una regulación más restrictiva que atenta contra el negocio, dicen los defensores de la economía colaborativa. Además, piden una política única para el Estado. Actualmente, la regulación es autonómica o municipal. Sólo en la capital y en la Ciudad Condal hay decenas de miles de viviendas de alquiler turístico.

El negocio de las viviendas para alquiler turístico ha crecido exponencialmente en los últimos años, por tres motivos, principalmente: la demanda del consumidor (turista); el desarrollo tecnológico que lo permite a través de las plataformas de reservas; y la coyuntura económica, que favorece a que más personas busquen sacar rendimiento a activos en desuso u ociosos. Para muestra del crecimiento del sector a nivel mundial basta un ejemplo: la plataforma líder en promoción de alojamientos turísticos particulares, Airbnb (nacida en California), ha pasado de ofrecer 21.000 viviendas en 2009 a las 50 millones en 2016. Si tenemos en cuenta sólo los últimos dos años, a cantidad de viviendas se multiplicó por cinco, de las 10 millones de 2013 a las 50 millones de 2015.

Sin embargo, las dos mayores ciudades españolas -y dos de las que reciben más visitantes cada año- han establecido una regulación rígida, que ha recibido críticas por parte de los defensores de la economía colaborativa. Barcelona dice que lo hace para proteger a los vecinos de ruidos molestos y Madrid escuchando las presiones del sector hotelero tradicional, que tacha a la mayoría de estos alojamientos de clandestinos.

Barcelona dice hacerlo para proteger a los vecinos de ruidos molestos; Madrid ha escuchado los reclamos del sector hotelero tradicional
La política regulatoria de las dos grandes ciudades españolas difiere notablemente de la de ciudades como Londres, que en 2015 cambió la norma que prohibía a los residentes el alquiler de sus viviendas; la de París, que en 2014 aprobó que cualquiera que viva en Francia y tenga una vivienda puede alquilarla sin tener que pedir un permiso específico al ayuntamiento -siempre y cuando esa sea su vivienda habitual, así como las estancias cortas en las segundas residencias-; la región italiana de Lombardía, donde está Milán, aprobó en 2015 -tras una consulta pública- una normativa que establece que el home sharing no es una actividad profesional y que las personas pueden alquilar sus hogares sin necesidad de los requerimientos que deben hacer frente los profesionales.

En España, el fenómeno ha llegado con fuerza: el volumen de clientes de Airbnb, por ejemplo, se multiplicó por 17 en tres años en el país. De los 80.000 españoles que utilizaron esta plataforma en 2012, a los 1.360.000 que se estima lo han usado en 2015. Airbnb dice tener unos 100.000 anuncios en España, de los cuales 16.000 corresponderían a Barcelona y 7.000 se concentrarían en Madrid.

Competencia lo desaprueba

Las críticas a la reglamentación de la Comunidad de Madrid llegaron incluso desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto autonómico que regula la actividad de viviendas de uso turístico, tanto en la autonomía madrileña como la de Canarias. La CNMC todavía no contaba con información sobre una respuesta de la Justicia.
Barcelona, la ciudad española turística por excelencia (Cataluña recibió 16,8 millones de turistas extranjeros en 2014, frente a los 4,5 millones de Madrid, según los datos de la encuesta oficial Frontur) tenía un verdadero problema en contener a turistas con comportamientos incívicos y las quejas de los vecinos fueron un elemento fundamental a la hora de que el Gobierno municipal decidiera actuar.

En Madrid, aunque con menos afluencia de turistas que Barcelona, también se acrecentó la demanda. Sin embargo, el turismo que atrae la capital es bastante diferente, en general, al de la Ciudad Condal. La falta de playa en Madrid hace que haya menos turistas pero también un perfil más tranquilo: suelen interesarse más por la cultura y menos por la noche. Si bien existen asociaciones que han manifestado quejas en contra de los ruidos molestos, la situación es incomparable en magnitud a la de la capital catalana. Según un estudio de la Universidad de Salamanca -el Barómetro de Alojamiento Vacacional en España, elaborado por encargo de la plataforma HomeAway-, las viviendas turísticas no generan un nivel de conflictividad mayor que los hoteles: el 97,02% de usuarios no ha tenido problemas con los vecinos, frente al 96,80% de los usuarios de hoteles que no han tenido problemas con otros huéspedes.

Críticas a la rigidez

Pese a la relativa escasez de problemas en este sentido, a comienzos de 2015, la Comunidad de Madrid publicó el decreto que regula la actividad de apartamentos de uso turístico estableciendo un mínimo de cinco días para alquilar este tipo de viviendas. El gobierno regional inauguró 2016 multando a los propietarios de unas cincuenta viviendas.

Poco tardaron en saltar las críticas, teniendo en cuenta que Madrid, siendo una capital de turismo urbano, parece poco probable que haya muchos turistas dispuestos a quedarse tanto tiempo.
Es un sinsentido que en Madrid se exijan cinco días, esto sólo se explica como una medida para proteger a la industria hotelera”, señala a bez.es José Luis Zimmermann, director de Sharing España, una asociación que se define como “colectivo de empresas que nace dentro de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) con el objetivo de analizar y divulgar el impacto que la economía colaborativa y los modelos de negocio “peer to peer” tienen en el desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad y el crecimiento”.

Zimmermann lo entiende como una cesión a la presión de la industria hotelera tradicional. “La presión de una industria que aglutina el 10% del PIB está forzando a las comunidades autónomas y a los legisladores a aprobar decretos y normativas que impiden el crecimiento de estas plataformas, cuando nosotros no vemos que sean competencia desleal ni que les ‘coman’ el negocio a la hotelería tradicional”.

Contactada por bez.es, la patronal hotelera CEHAT no se manifestó al respecto.

Para el presidente de Sharing España –que integran, entre otras compañías, empresas de oferta de viviendas turísticas como Airbnb o Home Away, entre otras-, la “obligación de estar en un registro de vivienda de uso vacacional puede ser razonable, lo mismo que aplicar una tasa, pero hay que valorar que sean iguales en todo el territorio”.

Falta regulación unificada

Ése es precisamente uno de los grandes problemas de España en esta materia: la falta de una regulación unificada a nivel estatal. «La principal dificultad a la que nos enfrentamos como plataforma global es la disparidad de criterios de una comunidad autónoma a otra: nos encontramos con regulaciones flexibles y consensuadas, y con otras que suponen la prohibición de facto de la actividad, estamos a favor de una normativa homogénea y de fácil cumplimiento que enmarque esta actividad para otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios y mayores garantías de calidad a los turistas, y que se haga con una mayor transparencia», dijeron a bez.es desde la plataforma Home Away (filial de la multinacional Expedia), que facturó 446,8 millones de euros en 2014, aunque dijo no contar con cifras de ingresos en España, donde tiene 88.000 de anuncios de alojamientos.

«Es obvio que una normativa restrictiva impulsará inevitablemente una mayor opacidad, que es precisamente lo que tratan de evitar. La regulación debe primar el interés general y la unidad de mercado, no el interés de un pequeño grupo de actores económicos con enorme poder e influencia», insisten desde HomeAway.

Según las conclusiones del mencionado Barómetro, la vivienda turística ha generado un impacto económico en España de unos 4.300 millones de euros en los dos últimos años, de los cuales 3.408 millones se destinaron a ocio y alimentación durante la estancia.

Fuente: Bez.es