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Situación actual del alquiler vacacional en Balears.

La situación actual del alquiler vacacional es complicada. Desde este martes, con el nuevo decreto ley, Villa Consulting aconseja eliminar todas las propiedades publicadas en portales tipo Airbnb y similar que no cuenten con el número de licencia turística o al menos que estén en tramite desde antes de la nueva ley. Esperemos que esta injusticia ante el alquiler vacacional se corrija en un futuro próximo.

 

La asociación que agrupa en Balears a los dueños de casas y pisos turísticos (Aptur) ha remitido una nota a sus asociados en la que les aconseja que retiren de agencias y webs tipo AirBNB toda la oferta ilegal de pisos. “Aptur pide a sus socios que cesen en la actividad ilegal”, comienza el comunicado, en el que detallan que, con el actual marco legal todo alquiler vacacional de menos de un mes realizado y anunciado sin la autorización de la Conselleria de Turismo se expone a ser multado con entre 20.000 y 40.000 euros, que se elevan a 400.000 euros de sanción para la plataforma web que dé publicidad a la vivienda turística ilegal.

En Aptur Balears, firme detractora de la reforma impulsada por el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), avisan a sus asociados de que con la Ley Barceló ya en vigor “se elimina el vacío legal que había quedado en la ley”, con la consecuencia de que una normativa diseñada precisamente para perseguir fácilmente el alquiler no autorizado puede aplicarse íntegramente y de forma rápida y contundente. Tanto es así que las multas empezaron a aplicarse ayer, avanzó el Govern.

“Solo se pueden anunciar y comercializar aquellos alojamientos con licencia turística o bien los que presentaron la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) antes de la entrada en vigor de la ley. Todas las viviendas que no hayan entregado la DRIAT, no pueden comercializar en la modalidad de alquiler turístico”, empiezan diciendo en Aptur. Recuerdan luego a los propietarios que la situación “es temporal”: durará como mucho un año, el tiempo que tienen los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma para definir en qué zonas se puede alquilar a turistas, y qué número de plazas y tipos de vivienda se admiten en cada lugar.

Habrá pocas plazas para legalizar mucha oferta ilegal

Una vez que eso ocurra, se levantará la moratoria de licencias ya en vigor, y todo aquel que cumpla los requisitos podrá solicitar licencia. Aunque con un límite: con el techo de actividad turísticacreado por el Govern tras asumir la saturación de las islas, solo quedan 42.000 plazas sin ocupar en la isla para repartir entre hoteles y vacacional, una cifra que contrasta con las entre 120.000 y 200.000 plazas que diferentes fuentes estiman que hoy se están alquilando ilegalmente. Con lo que la mayor parte de la oferta hoy ilegal lo seguirá siendo.

En cualquier caso y hasta que la zonificación quede resuelta, repite Aptur, quien hoy no tiene licencia, “está ejerciendo una actividad ilegal” si comercializa su piso a turistas. Y todos los pisos de bloque de viviendas tienen vedada la actividad turística, como consecuencia de que la prohibición del alquiler en pisos implantada por el Govern del PP en 2012 impidió que nadie pudiera legalizar su actividad.

Aún así se hacía, como consecuencia de lagunas ahora corregidas para poder perseguir la actividad masiva e irregular. Del cambio más tajante habla Aptur en su nota de aviso a los propietarios y asociados: “La ley considera cualquier alquiler inferior a 30 días turístico por lo tanto nuestros servicios jurídicos consideran que con un contrato LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos, la forma pensada para el alquiler residencial) no se evitará que pongan una multa“.

Cuidado con los anuncios en web

La asociación del alquiler vacacional informa de un segundo cambio de peso a la hora de cazar infractores: “Los anuncios [de pisos de alquiler turístico] deberán llevar el número de licencia de turismo o el número de registro de entrada de la DRIAT. Los portales que anuncien propiedades sin el número de licencia podrán ser multados hasta con 400.000 euros“, dice tajantemente Aptur, que sí ha entendido con claridad una ley que ayer AirBNB calificaba de “compleja y confusa”.

La advertencia de Aptur a sus asociados no es en ningún caso una renuncia a combatir la Ley Barceló. De hecho, comunican que los servicios jurídicos de Aptur y de la federación nacional de alquiler turístico (Fevitur) “analizan las medidas jurídicas que hay que tomar (recursos, Bruselas, Defensor del Pueblo?)”. Pero admiten que la prohibición está para durar: “Todas estas vías [de recurso jurídico] son lentas”, aclaran.

Empieza la lluvia de multas

Mientras tanto, el Govern ha empezado ya a multar a los propietarios que están anunciando sus pisos sin licencia. Les basta con mirar los portales de multinacionales del alquiler masivo como Homeaway y AirBNB para localizar pisos y abrir una inspección que solo puede acabar de un modo: como ninguno tiene licencia turística para anunciarse, todos están condenados a multa. Un poco más compleja de perseguir es la actividad ilegal en casas aisladas y adosadas: en estos casos, sí que hay 15.000 viviendas legales, con su DRIAT y su número de autorización, con lo que se tarda un poco más en examinar si la casa anunciada tiene o no licencia. Aunque la comprobación es solo cuestión de tiempo. De hecho, Aptur, en su comunicado, no discrimina en ningún momento entre pisos o casas: se limita a recomendar la retirada de toda la oferta ilegal, es decir, sin licencia de Turismo.

Según anunció ayer, el vicepresidente Barceló, en paralelo se ha aumentado la presión sobre 83 plataformas de alquiler ilegal tipo AirBNB. Primero, les enviaron un aviso de la aprobación inminente de la nueva ley. Y con su entrada íntegra en vigor ayer mismo, empezaron a remitir a las web requerimientos para que retiren de sus páginas los miles de pisos de alquiler ilegal que anuncian en Balears. La carta se acompaña de pruebas documentales (imágenes y pantallazos) de la oferta ilegal que anuncia y de una amenaza muy clara: si en quince días no quitan los anuncios, se procederá a sancionar con hasta 400.000 euros.

Fuente: Diario de Mallorca

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