El Ayuntamiento de Madrid quiere atajar el problema que empiezan a suponer para la ciudad los pisos turísticos. Por ello, dentro de sus competencias, va a regular el negocio dividiendo los pisos que se dediquen a esta finalidad en dos categorías: aquellas viviendas de particulares que se alquilen menos de tres meses al año tendrán calificación de uso residencial y no necesitarán ninguna licencia ni ningún requisito especial para alquilarse. En cambio, si el plazo en el que se alquila el piso supera los 90 días al año, entonces se califica como «alojamiento profesional» y el propietario necesitará una licencia para esa actividad.
Ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien en un desayuno informativo ha explicado esta reforma, que consiste en una interpretación de las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 y, por tanto, no necesita el visto bueno de la Comunidad de Madrid, porque el Ayuntamiento tiene competencia para interpretar normas. El plan con estas medidas se presenta este miércoles a la Comisión de Seguimiento de Interpretación del PGOU y, una vez que ahí lo valoren, entrarán en vigor.
Los pisos que se alquilen menos de 90 días se enmarcan, según ha indicado Carmena, dentro de «la economía colaborativa», mientras que un alquiler por más tiempo ya se considera actividad profesional. La alcaldesa ha explicado que han estudiado lo que están haciendo otras ciudades sobre este asunto para fijar estos plazos. Aunque en ciudades como París, por ejemplo, el límite está en 120 días.
«Esto es un plan de acción», ha destacado la regidora, que pretende poner fin así a la opacidad y la falta de reglamentación que existe en la actualidad sobre este negocio. El Ayuntamiento hará también «un censo de viviendas turísticas» y un estudio para ver «en qué zonas hacen más falta pisos turísticos» porque «queremos que Madrid tenga un turismo sostenible», ha destacado Manuela Carmena.
La alcaldesa estima que, a partir de enero de 2018 «ya se podrán tramitar 1.000 licencias». Sin embargo, el Gobierno municipal no ha abordado aún el tema de las multas que se podrían imponer a aquellos propietarios que incumplan la normativa. En París ascienden hasta los 150.000 euros.
Carmena ha insistido en la necesidad de que «esta interpretación de las normas sobre los pisos turísticos tenga consenso» y que, de momento, se trata de la presentación del proyecto, pero aún falta desarrollarlo.
Fuente: ElMundo.es
